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Con el objetivo de precautelar la salud de las y los servidores y de usuarios del sistema, la Corte Nacional de Justicia elaboró un protocolo institucional para la normalización de actividades durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el que se establecen directrices de seguridad, generales y de cumplimiento obligatorio, para las actividades laborales presenciales en la CNJ.

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“Las y los jueces del país reiteramos nuestro compromiso de aportar desde nuestro trabajo para alcanzar un país libre de violencia”, así lo afirmo la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Dra. Paulina Aguirre Suárez, en su intervención durante la presentación del Modelo de Gestión del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y sus avances, que se desarrolló en el auditorio del Banco Central del Ecuador en Quito.

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Presidentas y presidentes de Cortes Provinciales junto a juezas y jueces de todas las instancias del país participaron este 21 de abril de 2020 en las Mesas de Diálogos Judiciales Virtuales organizadas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en las que se abordaron la aplicación del sistema de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en el estado de emergencia, con énfasis en los casos de ilícitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

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El pasado 21 de abril, la Corte Nacional de Justicia organizó las Mesas de Diálogos Judiciales Virtuales en las que se abordaron la aplicación del sistema de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en el estado de emergencia, con énfasis en los casos de ilícitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El objetivo de reunir a presidentas y presidentes de Cortes Provinciales junto a juezas y jueces de todas las instancias del país fue unificar criterios jurisprudenciales en esta materia.

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El 7 de abril de 2020, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por el Dr. Iván León, Dr. Iván Saquicela y Dr. Marco Rodríguez, resolvió declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado y sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a los autores mediatos y coautores, dentro del caso Sobornos 2012 – 2016.

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