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CNJ y Asamblea Nacional suscriben convenio de cooperación interinstitucional para apoyar el “Plan Más Seguridad” en Guayaquil

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La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Asamblea Nacional suscribieron este 5 de septiembre de 2019 un convenio de cooperación interinstitucional para apoyar el “Plan Más Seguridad”, impulsado por la Alcaldía de Guayaquil, a fin de coordinar políticas y acciones integrales que permitan unir esfuerzos en la lucha contra la delincuencia, en beneficio de las y los ciudadanos.

La Alcaldesa de Guayaquil, Dra. Cynthia Viteri, agradeció la presencia de la Dra. Paulina Aguirre Suárez, Presidenta de la CNJ y del Ing. César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional; quienes dentro de sus competencias se comprometieron a trabajar a esta iniciativa.

La Presidenta de la CNJ, en su intervención, se refirió a la importante tarea que tienen las y los administradores de justicia en la lucha para alcanzar la paz social.

“El máximo órgano de administración de justicia del Ecuador, consciente del rol fundamental que juegan las y los jueces como garantes del Estado de Derecho, desde el año 2018 ha emprendido importantes acciones para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente para el objetivo 16 de alcanzar una sociedad pacífica, inclusiva, que facilite el acceso a la justicia y que cuente con instituciones eficaces y responsables, haciendo frente a la corrupción”, señaló.

Asimismo, la titular de la CNJ aseguró que uno de sus objetivos es “promover dentro de la judicatura una cultura de legalidad, adoptando enfoques holísticos para combatir la inseguridad y la corrupción en todas sus formas y manifestaciones”.

En el marco de la adhesión al convenio las y los jueces se comprometen a cumplir con lo prescrito en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, velando por la correcta persecución y juzgamiento de los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

Al concluir su discurso, la Dra. Paulina Aguirre Suárez, aprovechó el espacio para hacer un llamado a las autoridades, a los medios de comunicación y la ciudadanía, a respetar las decisiones jurisdiccionales, reiterando que en caso de verificarse actos de corrupción dentro de la Función Judicial, se demandará la sanción correspondiente.  

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