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La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 168.1, reconoce que los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa; y, que toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. Por tanto ninguna función, órgano o autoridad del Estado puede interferir en el ejercicio de los deberes y atribuciones de juezas y jueces.

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