Ante los recientes acontecimientos que son de conocimiento público expresamos nuestra profunda preocupación por acciones que afectan la institucionalidad del país.

El Estado de derecho se fundamenta en el principio de legalidad, que implica la división de poderes, el sometimiento de todas las autoridades a la ley y el respeto pleno de los derechos fundamentales. Las acciones que emprendan las instituciones del Estado en el ámbito de sus competencias, se deben encaminar hacia un solo propósito: proteger a las personas dentro del marco constitucional y legal.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional del Ecuador es garante de la supremacía constitucional y protectora de los derechos fundamentales. Las decisiones que adopte forman parte de los mecanismos legítimos de control previstos en la Carta Magna y en la ley.

La discrepancia de criterios es natural en cualquier democracia, pero debe ser resuelta a través de los cauces constitucionales y legales, observando el debido proceso.

Se exhorta a las instituciones públicas y la sociedad civil a propiciar espacios de diálogo de resiliencia y de cercanía para, en el marco del ordenamiento jurídico, encontrar juntos soluciones adecuadas y viables, que permitan resolver los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad.

12 de agosto de 2025