La Corte Nacional de Justicia expide resolución en materia penal

En materia de tránsito, con la entrada en vigencia del COIP, así como del contenido del artículo 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, y del artículo 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; se provocó confusión en las y los administradores de justicia del país, por cuanto se consideraba que sería la misma jueza o el mismo juez quien conoció la etapa de instrucción, de evaluación y preparatoria de juicio, la o el que deba conocer la etapa de juicio.
El artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que una de las funciones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia es la de expedir resoluciones generales y obligatorias en caso de duda u obscuridad de la ley, ello con el fin de procurar la unificación en la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico por parte de juezas y jueces de todo el país, lo que constituye a su vez una faceta del derecho a la seguridad jurídica.  
El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante resolución 09-2016, reafirmó que dentro del sistema acusatorio adoptado por nuestro procedimiento penal desde hace ya algún tiempo, fundamental resulta contar en el juicio oral con un juez imparcial. De esta forma, en materia delictual de tránsito, la jueza o el juez designado legalmente será competente para conocer las etapas de instrucción y, de evaluación y preparatoria de juicio; y, de ser su pronunciamiento el de llamar a juicio, o se revoque el sobreseimiento, se designará mediante sorteo a otra jueza o juez de la materia, para que sustancie y resuelva la etapa de juicio.
Para el caso de flagrancia y si la pena privativa de libertad prevista para el tipo penal no sea superior a cinco años, será competente para conocer todo el proceso hasta dictar la sentencia que corresponda, la jueza o el juez de tránsito legalmente designado.
De esta forma, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en uso de sus atribuciones, solventó esta duda en la ley, que provocaba dificultades y confusión entre juezas y jueces de tránsito del país, más con esta decisión, se reconoce y protege la garantía que todas y todos los ecuatorianos tenemos para contar con un juez imparcial, esto como pilar en el que se asienta la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y la seguridad jurídica, ejes de un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro.   

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